Miembros de la Red de Excarcelados sostuvieron este martes una reunión clave de alto nivel con representantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la ciudad de Caracas, con el objetivo de visibilizar la situación actual de los derechos humanos en el país y denunciar el estancamiento en el proceso de liberaciones de presos políticos.
El dirigente político Williams Dávila, ofreció detalles sobre el encuentro mantenido con la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Durante su intervención, Dávila agradeció el acompañamiento del organismo internacional en la visibilización de casos de "detenciones forzadas" y el pronunciamiento de la Misión de Determinación de Hechos.
Uno de los puntos centrales de la agenda fue la falta de restitución de activos a quienes han sido liberados. Dávila subrayó que el Estado venezolano aún mantiene bajo su control bienes muebles e inmuebles pertenecientes a las víctimas.
"No puede haber garantía de seguridad jurídica si el derecho a la propiedad privada sigue siendo violentado. Los bienes no han sido devueltos a las víctimas", enfatizó el dirigente.
Durante el balance de la reunión, se expusieron casos específicos de ciudadanos que permanecen tras las rejas bajo condiciones que, según la red, vulneran las leyes nacionales:
Se destacó el caso del Teniente Coronel Víctor Eduardo Soto Méndez, originario de Ejido, estado Mérida, quien ya suma ocho años de prisión, también denunciaron la situación de Mary Torres, de 71 años.
Dávila recordó que, según el Código Orgánico Procesal Penal, las personas mayores de 70 años no deben ser privadas de libertad en centros de reclusión, una disposición que está siendo ignorada por las autoridades
Asimismo mencionaron los casos de los hermanos Ekea Torres; uno de ellos permanece en el centro penitenciario Rodeo I, mientras que el otro se encuentra refugiado en Colombia con una solicitud de deportación en curso por parte de la Cancillería.
La Red de Excarcelados expresó su profunda preocupación ante lo que consideran una paralización de la Ley de Amnistía. Según Dávila, existe el riesgo de que el Estado intente "normalizar" la situación política actual dando por concluido el proceso de liberaciones.
"La amnistía no se ha aplicado de manera plena. Si no alzamos nuestra voz, corremos el riesgo de que dejen el proceso hasta aquí, pretendiendo que ya cumplieron con su deber mientras aún quedan muchos detenidos", señaló.
Finalmente, el grupo de ex-detenidos hizo un llamado urgente a las autoridades nacionales para retomar la celeridad en las liberaciones y avanzar hacia una reconciliación nacional basada en la justicia y el respeto integral a los derechos humanos, como única vía para alcanzar una paz verdadera en Venezuela.
Noticias Venevision