El abogado especialista en Derecho Procesal y profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Anthony Pérez Negrón, expresó un optimismo cauteloso respecto al proceso de reforma del sistema de justicia venezolano, catalogándolo como una "política de Estado" que involucra a todos los poderes públicos. Sin embargo, enfatizó que cualquier avance real debe sustentarse de manera técnica en el marco constitucional.
Al ser consultado sobre flagelos como el retardo procesal y la consulta nacional convocada para abordar este tema, Pérez Negrón aclaró que Venezuela cuenta con un Código Orgánico Procesal Penal de los más avanzados de la región, por lo que el inconveniente no radica en las leyes, sino en su aplicación y en la estructura del sistema.
“No es un tema normativo, no debe ser un tema de derecho, sino fundamentalmente de la estructura y de los aplicadores del derecho. Lo que hay es que aplicarlo. Es un problema estructural respaldado por la doctrina nacional e internacional”, afirmó.
El especialista señaló que existe una deuda histórica en el país debido a la falta de concursos de oposición públicos para la designación de jueces y juezas, un paso indispensable para garantizar la estabilidad y la autonomía judicial contempladas en el artículo 255 de la Constitución. Asimismo, acotó que los juzgadores deben contar con una formación técnico-científica sólida según su área de competencia y ser evaluados de forma continua en conjunto con las academias universitarias.
Respecto a la reestructuración del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el cambio en el número de magistrados (de 20 a 32), el profesor universitario aseveró que la cantidad no es el factor determinante, sino la pulcritud del proceso de selección.
Pérez Negrón recordó que el fin del sistema de justicia debe ser la seguridad jurídica, permitiendo que el ciudadano conozca de antemano las consecuencias normativas de sus actos.
Por otra parte, calificó la Ley de Amnistía como un instrumento de carácter político pero con un impacto pragmático positivo: "La gente está saliendo en libertad y eso es un paso fundamental de avance".
Finalmente, Pérez Negrón compartió una herramienta práctica con tres preguntas clave que cualquier ciudadano debe hacerse ante la detención de un familiar para verificar que no se vulnere el artículo 49 de la Carta Magna (Debido Proceso):
El especialista recordó que, en caso de detectarse irregularidades o violaciones a estos preceptos, el sistema jurídico venezolano consagra el recurso de Habeas Corpus en su artículo 27 para restituir la libertad de forma inmediata.
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