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UE logra acuerdo político para mejorar acceso a licitaciones en extranjero

Para ganar influencia en el acceso a los mercados de contratación pública en países terceros

  • 14-Marzo-2022 4:44
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UE
UE. /Cortesía

La Comisión Europea (CE), el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE llegaron este lunes a un acuerdo político para ganar influencia en el acceso a los mercados de contratación pública en países terceros, lo que abrirá más oportunidades a las empresas comunitarias.

Negociadores de las tres instituciones cerraron un acuerdo en la última reunión a tres bandas que mantuvieron sobre el nuevo instrumento internacional de contratación pública (IPI, por sus siglas en inglés), informaron la CE, la presidencia francesa del Consejo de la UE y la Eurocámara en sendos comunicados.

Ante la discriminación a la que se enfrentan las empresas de la Unión en los mercados nacionales de algunos de sus principales socios comerciales, el IPI, que está en línea con las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), contribuirá a solucionar esas dificultades facultando a la UE para iniciar investigaciones en casos de supuestas restricciones.

También para entablar consultas con el país en cuestión sobre la apertura de su mercado de contratación y, en última instancia, restringir el acceso al mercado de contratación de la UE para las empresas extranjeras si proceden de un país que sigue aplicando restricciones a las empresas de la UE.

Con el IPI, la Comisión podrá, como último recurso, aplicar restricciones a los propios mercados de contratación de la UE ajustando la forma de evaluar las ofertas del país en cuestión, o excluyendo determinadas ofertas.

En la práctica, se consideraría que las ofertas de ese país, en comparación con otras ofertas, ofrecen un precio más alto que el precio real presentado, lo que daría a los licitadores de la UE y de los países no afectados una ventaja competitiva en los mercados de contratación pública comunitarios.

Antes de dar ese paso, la Comisión iniciaría investigaciones en casos de supuestas restricciones para las empresas de la UE en los mercados de contratación de terceros países.

En paralelo a la investigación, la Comisión invitaría al país en cuestión a celebrar consultas sobre la apertura de su mercado de contratación pública, que podrían también tener lugar en forma de negociaciones de un acuerdo internacional.

Según el acuerdo logrado hoy, las medidas del IPI se aplicarán a las licitaciones por un valor mínimo de 15 millones de euros para obras y concesiones y de 5 millones de euros para bienes y servicios.

Por otra parte, el Parlamento insistió en reducir a dos el número de excepciones por las que una autoridad que busque licitadores en los Estados miembros (por ejemplo, ayuntamientos, instituciones públicas o gobiernos) pueda optar por no aplicar las medidas del IPI, ampliando así el alcance del instrumento.

Además, se eliminaron las excepciones basadas en el "aumento desproporcionado del precio", un concepto que la Eurocámara consideraba difícil de definir.

Los grandes poderes adjudicadores, por ejemplo los ayuntamientos de las grandes ciudades o el Gobierno central, tendrán igualmente que aplicar siempre las nuevas normas.

Para ello, los poderes adjudicadores locales sólo quedarán exentos del IPI si representan a menos de 50.000 personas, mientras que el porcentaje del valor global anual de las licitaciones, para el que los poderes adjudicadores deberán aplicar el IPI, se ha fijado en el 80 %.

Los licitadores de los países menos desarrollados no estarán sujetos a las medidas del IPI.

La contratación pública representa una parte importante de las economías nacionales, y ese gasto supone una media de entre el 10 % y el 20 % del PIB de cada país y representa más de 8 billones de euros en oportunidades de negocio en todo el mundo.

La Comisión hizo una primera propuesta de IPI en 2012 y fue modificado en 2016, mientras que el Consejo (en el que están representados los gobiernos de los Veintisiete) adoptó su posición al respecto en junio pasado.

A continuación, tras el acuerdo político adoptado hoy, el Parlamento Europeo y el Consejo aprobarán formalmente el reglamento modificado antes de que entre en vigor.

EFE

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