La representante de la sociedad civil ante el Comité de Postulaciones Judiciales, Raquel Sánchez, advirtió este martes sobre la pretensión de incorporar candidaturas a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) correspondientes a una convocatoria anulada en mayo, maniobra que vulnera la transparencia en la evaluación de cada expediente curricular.
La abogada denunció que desde las primeras sesiones de trabajo se planteó el uso de recaudos procedentes de la etapa cancelada, lo que contraviene el marco legal vigente.
«Desde la primera sesión se nos habló de que existían unas carpetas, es decir, unas postulaciones que se realizaron en el proceso anterior; aspecto con el que no estuve de acuerdo en lo particular, porque considero que provienen de un proceso que fue anulado y que precedió a la aprobación de la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. No estamos de acuerdo con validar esas candidaturas», sostuvo Sánchez.
Asimismo, la jurista alertó sobre la falta de acceso equitativo a la documentación: «Existe la aparente intención de limitar a los miembros del comité el acceso a la totalidad de esas carpetas alegando razones de tiempo, bajo la premisa de que serán distribuidas por partes entre los integrantes. Nos oponemos rotundamente a ese criterio».
Sánchez expuso que la plenaria del comité desestimó la solicitud de implementar una plataforma digital de consulta, medida concebida para revisar la información de los aspirantes en tiempo real y erradicar la opacidad en el manejo físico de los legajos.
«Hemos formulado varios planteamientos dentro del comité y la respuesta ha sido una negativa a la sistematización del proceso. Solicitamos que, al igual que una persona se inscribe en una universidad y consigna sus recaudos curriculares en formato PDF, se creara un correo institucional o un mecanismo de fácil consulta que albergara un banco de datos común para todos los miembros, evitando así que tengamos acceso a unas postulaciones y a otras no. Esa propuesta fue rechazada en la discusión», explicó.
De acuerdo con el cronograma preliminar, la Asamblea Nacional tiene previsto oficializar la designación de los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia durante el mes de diciembre.
Frente a este escenario, Sánchez reiteró el llamado a las organizaciones gremiales, académicas y ciudadanas a fiscalizar el proceso de selección y postular perfiles idóneos, como vía indispensable para salvaguardar la independencia y legitimidad del Poder Judicial venezolano.
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