Juan Carlos Apitz: "La Ley de Amnistía debe empezar por pedir perdón a los privados de libertad"

Ante la inminente sanción de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática por parte de la Asamblea Nacional, el abogado constitucionalista y decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCV, Juan Carlos Apitz, realizó un análisis crítico sobre el contenido del proyecto y las condiciones necesarias para lograr una verdadera reconciliación nacional.

Durante Entrevista Venevision, el Dr. Apitz enfatizó que la amnistía debe ir más allá de la liberación, exigiendo que el Estado pida perdón a los presos políticos y sus familiares. "Nuestros presos políticos no han cometido ningún delito. Apoyar opciones distintas al gobierno es parte del juego democrático, no un acto criminal", afirmó.

El decano señaló que el texto, tal como se conoce a través de filtraciones, presenta contradicciones y omisiones graves que deben ser corregidas antes de su aprobación final:

Contradicción técnica: La ley plantea una amnistía general (1999-2026) en su primer artículo, pero luego restringe los beneficios a eventos puntuales en secciones posteriores.

Inclusión de sectores omitidos: Apitz instó a incluir formalmente a los militares perseguidos y a los exiliados políticos como beneficiarios de la norma.

Libertad plena y reparación: Exigió que la libertad no sea condicionada con medidas cautelares y que el Estado asuma la reparación de daños morales y materiales. "Reparar lo moral comienza por reconocer la verdad: que el Estado actuó erradamente", subrayó.

Para el constitucionalista, la amnistía será insuficiente si no se derogan las leyes que han permitido la persecución. Propuso la eliminación de la Ley contra el Odio, la Ley de Extinción de Dominio y la Ley Simón Bolívar. Asimismo, solicitó derogar el artículo 105 de la Ley de la Contraloría, que permite inhabilitaciones políticas discrecionales.

Respecto al seguimiento de la ley, Apitz recomendó que sea el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y organismos internacionales, como el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, quienes verifiquen su cumplimiento, y no el Ministerio de Relaciones Interiores.

En otro orden de ideas, el Dr. Apitz informó sobre la demanda introducida ante el TSJ por decanos de diversas universidades el pasado 2 de febrero. El objetivo es exigir al Ejecutivo el cumplimiento del artículo 91 de la Constitución, que obliga a un aumento salarial anual, tomando como referencia la canasta básica.

"No es aceptable que nuestros trabajadores tengan salarios de hambre de 130 bolívares. Los bonos actuales son un fraude a la ley porque no inciden en las prestaciones sociales", denunció. La demanda solicita que, mientras se dicta sentencia, los bonos (Guerra Económica y Alimentación) sean reconocidos legalmente como parte del salario.

Finalmente, el decano hizo un llamado a la Asamblea Nacional a no apresurar la sanción de la Ley de Amnistía: "Podemos tomarnos unos días más para hacer una buena ley que de verdad logre la paz. No hay urgencia legislativa, pues se ha demostrado que se pueden liberar presos políticos incluso sin esta ley".

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