Asamblea Nacional estudia reforma a la "Ley contra el Odio"

El debate legislativo en Venezuela ha subido de tono tras el anuncio del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, sobre una posible reforma a la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia. La admisión de que han existido casos de "mala utilización" del instrumento legal ha encendido las alarmas y las expectativas tanto en la sociedad civil como en los expertos jurídicos.

Durante una reciente intervención, Jorge Rodríguez reconoció que la normativa, aprobada originalmente en 2017, ha sido objeto de aplicaciones indebidas. "Es muy probable que esa ley venga a reforma, hubo situaciones de mala utilización de la Ley contra el Odio, eso es verdad", afirmó el parlamentario, abriendo la puerta a una revisión técnica del texto.

Para el venezolano de a pie, la ley se ha percibido más como un mecanismo de restricción que de protección. En un sondeo realizado en las calles, los ciudadanos manifestaron su preocupación por la delgada línea que separa la opinión personal de un presunto delito.

Encuestados como Ada Carolina Ugueto y Adriana González coinciden en que la posibilidad de emitir juicios de opinión se siente "cercenada", advirtiendo que el temor a represalias perjudica el fortalecimiento de la democracia.

El joven Hendrys González señaló el riesgo de que gustos personales como compartir música rock sean malinterpretados por las autoridades bajo etiquetas de "satanismo" u odio, derivando en una persecución.

Jairo Hernández cuestionó la imparcialidad del instrumento, señalando que "la he escuhado y he leído sobre la ley contra el odio, aplicada en el pueblo y a veces es contraproducente contra la persona ¿y por que el odio hacia una persona que se comporta bien?, algunas personas aplican el odio, y no son observadas porque se puede decir tienen un poder magistral"

Por su aprte el  abogado penalista y defensor de derechos humanos, Joel García, fue enfático al señalar que el problema no radica solo en la ejecución, sino en la génesis de la ley. Según García, el texto carece de precisión jurídica, lo que otorga un poder discrecional peligroso a los funcionarios de turno.

"Tiene términos ambiguos. El odio es un sentimiento, ¿y cómo se mide el odio? La ley debe ser clara y precisa para que los grupos vulnerables sean protegidos sin que se atente contra la comunicación social y la disidencia política", explicó García, quien incluso sugiere que, para una verdadera estabilidad política, la ley debería ser derogada y sustituida por un instrumento que no deje espacio a la interpretación subjetiva.

Estas leyes, han sumado una capa extra de complejidad,las reforma prometidas deberían, en teoría, devolver la seguridad jurídica que los ciudadanos venezolanos reclaman.

El camino hacia una reforma parece largo, pero surge una pregunta,¿se busca proteger al ciudadano o simplemente ajustar la narrativa legal? Por ahora la expectativa crece entre los venezolanos en torno al cambio de este instrumento jurídico.

Noticias Venevision/Andrés Díaz Hernández