Nora Bracho: «La reforma a la Ley Eléctrica abre las puertas a la inversión privada, pero queda pendiente la descentralización municipal»

Tras la sanción definitiva de la reforma parcial a la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico por la Asamblea Nacional, la diputada Nora Bracho (Grupo Parlamentario Libertad / Un Nuevo Tiempo) ofreció un balance en Entrevista Venevision sobre el alcance de la normativa. La legisladora destacó que el nuevo marco legal establece seguridad jurídica para atraer capital privado nacional e internacional a las áreas de generación y comercialización, una medida imperativa ante la incapacidad financiera del Estado para rehabilitar la infraestructura tras años de desinversión, aunque advirtió que las mejoras estructurales demandarán plazos medios.

En cuanto a la aplicación práctica de la ley, Bracho puntualizó que los ajustes tarifarios no quedaron fijados en el texto legal, sino que dependerán de un reglamento del Ejecutivo, el cual deberá contemplar incrementos graduales ajustados a la capacidad económica ciudadana y a la efectividad del suministro. Asimismo, subrayó que su bancada exigirá la inclusión de mecanismos obligatorios de resarcimiento para indemnizar a los usuarios cuyos electrodomésticos resulten dañados por las continuas fluctuaciones de voltaje en las distintas regiones del país.

Pese a apoyar la apertura económica, la parlamentaria criticó la persistencia del centralismo administrativo y el desplazamiento de las competencias de los gobiernos locales contempladas en el artículo 178 de la Constitución, recordando la eficacia de antiguas empresas descentralizadas como Enelven, Enelbar y Enelco. No obstante, indicó que las alcaldías deberán ejercer un rol activo de veeduría y contraloría junto a la nueva Superintendencia Nacional de Energía Eléctrica para supervisar la calidad del servicio.

En el plano político, Bracho exigió al presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, cumplir con la liberación de los presos políticos —señalando que unos 200 militares permanecen detenidos— a seis meses del compromiso anunciado en mayo. Finalmente, valoró positivamente la postulación de cerca de 900 juristas ante el Comité de Postulaciones Judiciales, recalcando que la reinstitucionalización nacional exige la renovación del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo Nacional Electoral para encaminar elecciones presidenciales transparentes.

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