Gobierno Nacional rechaza el cierre de la oficina de la CPI en Venezuela

Tras el anuncio de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre el cierre de sus oficinas en Caracas por falta de progreso real en las investigaciones que lleva a cabo en Venezuela, el Gobierno Nacional acusó a la Fiscalía de la CPI de "desentenderse" de sus responsabilidades para luego instrumentalizar la justicia con fines políticos.

Mediante un comunicado, el ejecutivo aseguró que Venezuela fue el primer país del continente en ratificar el Estatuto de Roma y, desde entonces, ha mostrado un firme compromiso con el sistema de la Corte Penal Internacional.

El comunicado refiere textualmente lo siguiente: “Venezuela se ha vinculado de buena fe con la Fiscalía de la CPI en un proceso que, a todas luces, no encaja en los supuestos previstos en el Estatuto de Roma, pero que pretende satisfacer la agenda anti Venezuela impulsada desde centros hegemónicos. Es muy obvio que en el país no se han cometido delitos de lesa humanidad”.

El Gobierno Nacional también hizo mención de la suscripción de dos memorandos de entendimiento y una hoja de ruta para concertar mecanismos que contribuyan efectivamente a los esfuerzos nacionales en materia de justicia y derechos humanos, incluyendo la puesta en marcha de una oficina en territorio nacional para la facilitación de asistencia técnica a las instituciones del país. Sin embargo, en el comunicado se afirma que a pesar de haber transcurrido más de siete meses de la inauguración de su oficina en Caracas, la Fiscalía de la CPI nunca designó personal para ocupar dichos espacios. Tampoco, formuló sus aportes y recomendaciones a las diversas iniciativas de Venezuela, “desentendiéndose irresponsablemente de las responsabilidades previamente asumidas”.

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