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Academia de Ciencias Políticas y Sociales condena la renuncia al Estatuto de Roma y ratifica que la investigación de la CPI continuará
- 3-Agosto-2026 12:32
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La Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela emitió un pronunciamiento institucional para condenar la decisión anunciada el pasado 24 de julio por el canciller Félix Plasencia, quien comunicó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la denuncia del Estatuto de Roma y el inicio del retiro del país de la Corte Penal Internacional (CPI), por instrucciones de la presidencia encargada de la República.
La institución académica calificó la medida como "moralmente inaceptable" y una "violación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela", argumentando tanto vicios de inconstitucionalidad como la falta de competencias del Ejecutivo transitorio para ejecutarla.
De acuerdo con el análisis jurídico de la Academia, la pretensión de retirar a Venezuela de la jurisdicción de la CPI vulnera de forma directa el texto constitucional.
Rango Constitucional (Art. 23): El Estatuto de Roma —suscrito en 1998 y ratificado en 2000— posee jerarquía constitucional por tratarse de un tratado sobre derechos humanos. Al integrar el bloque de constitucionalidad, sus normas son de aplicación inmediata y no están sujetas a denuncia unilateral por parte del Ejecutivo. La Academia recordó que las actas constitutivas de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999 rechazaron expresamente la posibilidad de denunciar tratados en esta materia.
Carácter Transitorio del Gobierno: La institución señaló que el actual gobierno encargado carece de legitimidad para adoptar una decisión de tal envergadura, dado su mandato estrictamente transitorio orientativo a la convocatoria de elecciones presidenciales, aunado a que la medida se tomó de forma inconsulta y sin motivación fundamentada.
Frente al alcance real de la medida enviada ante la ONU, la Academia precisó que la denuncia no tiene efectos retroactivos ni exime al Estado venezolano de sus compromisos adquiridos, según lo establece el artículo 127.2 del propio Estatuto de Roma.
"Aunque el gobierno encargado haya procedido improcedentemente a denunciar el Estatuto de Roma, la República continúa jurídicamente obligada respecto de cualquier crimen de competencia de la Corte Penal Internacional cometido antes de que la denuncia produzca efectos", enfatiza el comunicado.
En consecuencia, el proceso emprendido no altera ni frena la investigación abierta por la Fiscalía de la CPI desde el año 2021 sobre la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en territorio venezolano desde febrero de 2014, los cuales incluyen privaciones ilegítimas de libertad, torturas, violencia sexual y persecución política.
La Academia de Ciencias Políticas y Sociales concluyó su pronunciamiento exhortando al Estado venezolano a recular en su posición, retirar la denuncia presentada ante el Secretario General de la ONU y mantener la cooperación con los órganos de justicia internacional para garantizar el derecho a la verdad, la reparación de las víctimas y el combate contra la impunidad.
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