Cuestionan detención de siete trabajadores del Hospital Luis Razetti en Barinas

La detención de siete trabajadores del Hospital Luis Razetti de Barinas generó la reacción de la Fundación de Derechos Humanos de los Llanos. La organización cuestionó el procedimiento, denunció presuntas irregularidades y exigió respeto a las garantías judiciales. 

El presidente Fundehullan, Roland García, aseguró que durante el procedimiento se habrían vulnerado garantías fundamentales y solicitó que la investigación se conduzca con imparcialidad, objetividad y respeto al debido proceso.

 “Nosotros Fundehullan exigimos el cumplimiento y el respeto al debido proceso al artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en donde básicamente estamos pidiendo respeto a la integridad al debido proceso, pero sobre todo a que las personas tengan un buen derecho y acceso a la defensa”, dijo García.

La organización expresó su solidaridad con el recién nacido lesionado y su familia, pero rechazó lo que calificó como un "linchamiento mediático" contra médicos y personal de enfermería. También planteó que las investigaciones deben evaluar las condiciones de infraestructura, equipamiento e insumos existentes en los centros públicos de salud.

“Durante la detención, nunca existió una orden judicial y nuestra constitución es clara para que una persona sea detenida, debe ser sorprendida en flagrancia o tener una orden de un tribunal. Ninguna de estas dos opciones existió durante el momento de la detención. Hay cinco personas que aún siguen detenidas a la espera de conseguir los fiadores, para que el tribunal pueda efectivamente liberarlos y que se respeten sus derechos constitucionales”, agregó García.

Para Fundehullan, el análisis del caso no debe limitarse a la actuación del personal sanitario. La organización sostiene que también deben examinarse las condiciones en las que se presta la atención médica y la responsabilidad del estado de garantizar los recursos necesarios. La ONG insistió en que cualquier responsabilidad debe establecerse mediante una investigación y con pleno respeto a las garantías judiciales de los involucrados.