Fiscalía General de Ecuador acusó a 17 militares por la desaparición y asesinato de cuatro menores

La Fiscalía General del Estado de Ecuador acusó este martes a 17 militares, incluido un coronel, por la presunta desaparición forzada de cuatro menores en Guayaquil, cuyos cuerpos fueron hallados calcinados días después de su detención en diciembre de 2024. El caso ha generado preocupación internacional por el posible aumento de abusos cometidos por las Fuerzas Armadas tras su despliegue masivo para combatir el narcotráfico desde la declaración de “conflicto armado interno” en enero de 2024 por el presidente Daniel Noboa.

Los adolescentes Saúl Arboleda, Steven Medina y los hermanos Josué e Ismael Arroyo, de entre 11 y 15 años, desaparecieron el 8 de diciembre de 2024 luego de ser detenidos en el barrio Las Malvinas, en el sur de la ciudad portuaria, por una patrulla militar. Días después, tras una búsqueda que involucró testimonios y pericias tecnológicas, las autoridades hallaron los restos calcinados a pocos metros de una base de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE).

De acuerdo con el informe presentado el lunes durante la audiencia preparatoria de juicio del caso conocido como ‘Malvinas’, la Fiscalía acusó formalmente a 16 militares como autores directos y a un coronel en calidad de cómplice, sustentando su caso en testimonios anticipados y peritajes telefónicos, así como en el análisis secuencial de los hechos de la noche en que ocurrieron las detenciones. El fiscal Christian Farez informó que los adolescentes sufrieron “maltratos verbales y físicos”, fueron golpeados violentamente, desnudados y arrojados de vehículos militares. En sus palabras, uno de los uniformados incluso “se puso a boxear” con uno de los menores. Además, Farez implicó a un teniente coronel como cómplice por organizar la recolección de la ropa de las víctimas después de su muerte, sin notificar ni a la policía ni al Ministerio Público.

Según el relato inicial proporcionado por los militares y defendido en la primera reconstrucción judicial, los adolescentes habrían sido liberados con vida en una zona rural cercana. No obstante, en una segunda reconstrucción, tres de los imputados que solicitaron acogerse a cooperación eficaz afirmaron que los menores fueron sometidos a violencia y humillaciones antes de desaparecer.

La Fiscalía rechazó que los adolescentes hubieran cometido algún delito, desmintiendo un informe militar que justificaba su detención por un supuesto “delito flagrante”. La versión oficial se vio cuestionada además por el testimonio de un testigo, que inicialmente aseguró bajo amenaza que los responsables eran miembros de bandas criminales, específicamente de Los Águilas, pero posteriormente denunció que había sido obligado por personal militar a sostener esa versión.

Organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales han expresado alarma por el caso. En un comunicado, Amnistía Internacional consignó que “lejos de brindar seguridad, esta estrategia [militarización] ha abierto la puerta a violaciones graves de derechos humanos y ha colocado a las personas en el país en mayor riesgo”. Según datos difundidos en dicho informe, desde 2023 la Fiscalía ecuatoriana ha recibido denuncias por presunta desaparición forzada de 43 personas en el contexto del endurecimiento de la política de seguridad bajo la presidencia de Noboa. Por su parte, el Comité Permanente por la Defensa de Derechos Humanos (CDH), que acompaña a las familias, advirtió que no existen garantías para testigos y víctimas, y cuestionó la actuación tanto de las autoridades militares como de la justicia.

Tras la denuncia, la Fiscalía solicitó la audiencia preparatoria de juicio, que se había pospuesto en varias ocasiones debido a recursos presentados por las defensas. Cinco de los acusados optaron por colaborar con la justicia a cambio de atenuantes.

Las familias de Arboleda, Medina y los hermanos Arroyo han exigido por medio de marchas y declaraciones públicas el esclarecimiento de los hechos y la condena de los responsables. El delito de desaparición forzada, agravado por la tortura de menores, prevé una pena mínima de 26 años de cárcel en la legislación vigente.

El caso ‘Malvinas’ se produce casi un año después de la decisión gubernamental de militarizar el territorio para enfrentar la ola de violencia criminal, decisión que facultó operativos permanentes de militares y policías en calles y cárceles de Ecuador. El proceso judicial es observado de cerca tanto por la opinión pública local como por organismos de protección internacional, que alertan sobre el riesgo de nuevas violaciones a los derechos humanos bajo el esquema de seguridad actual.