A pocos días de la presentación por parte de la Comisión Europea del primer ciclo anual de solidaridad, en el marco del pacto europeo de migración y asilo, Bélgica y Países Bajos han pedido a Bruselas que la ayuda a los países de la Unión Europea que reciben más presión por estar en primera línea, como España, sea condicionada al cumplimiento de una serie de obligaciones, en particular a la readmisión de los migrantes.
Así lo han solicitado al comisario europeo de Interior, Magnus Brunner, los ministros de esos países, la belga Anneleen Van Bossuyt y el neerlandés David van Weel, en una carta enviada el pasado 10 de octubre, confirmaron a EFE fuentes del Ministerio belga de Asilo y Migración.
Ambos países se refieren en particular a la necesidad de respetar el Reglamento de Dublín, que dice que el país de la UE al que llega un solicitante de asilo es responsable de tramitar su solicitud. El pacto migratorio prevé, para resolver la carga excesiva que esto impone a los países en primera línea, una "solidaridad obligatoria", que obliga al resto de Estados miembros a ayudar mediante reubicaciones, asistencia financiera o apoyo operativo.
En la misiva, difundida por Euractiv, los ministros belga y neerlandés comienzan recordando que "la gran mayoría de los migrantes que llegan a Bélgica y los Países Bajos lo hacen mediante migración irregular y no registrada" y aseguran que "estas elevadas cifras de llegadas han ejercido una presión considerable" sobre su capacidad de acogida y sistemas de asilo, "que están llegando a su límite".
La llegada de "un gran número de migrantes ejerce una presión aún mayor e inmediata sobre los servicios públicos, que ya se encuentran sobrecargados, como la sanidad, la educación y la vivienda", añaden.
Con vistas a la puesta en marcha de ese ciclo anual de solidaridad, que determinará que países reciben más migrantes y de qué manera tendrán que ayudarles los otros, Bélgica y Países Bajos subrayan que "el pleno cumplimiento del sistema de Dublín es un requisito indispensable" ya que "el incumplimiento de las obligaciones legales supone una carga desproporcionada para los sistemas de asilo y la capacidad de acogida de los demás Estados miembros".
Se refieren por tanto, a la obligación de los países en primera línea de registrar todas las llegadas y solicitudes de asilo y asumir la readmisión de los solicitantes que hubieran entrado por su territorio y luego se hubieran trasladado a otro Estado miembro.
Por eso, instan a la Comisión Europea a que "garantice un progreso sustancial y la aplicación sostenible del acerbo de Dublín vigente, con un plan de acción claro para cada Estado miembro y objetivos de progreso concretos y mensurables para junio de 2026".
"Hasta que se logren avances sustanciales en las transferencias de Dublín, el incumplimiento deberá reflejarse debidamente y de forma transparente", señalan.
Esa evaluación, añaden, "podrá servir de base para que los Estados miembros decidan no activar sus compromisos de solidaridad con aquellos que incumplan o se nieguen a cumplir sus obligaciones jurídicas, de conformidad con el principio de que la solidaridad debe ir de la mano de la responsabilidad".
Indica además que "el tamaño del Fondo de Solidaridad" que se establezca para ayudar "debe responder a las expectativas de la ciudadanía y ser manejable y realista".
En ese sentido, subrayan que es "fundamental" que "el instrumento no agrave los problemas existentes causados por los efectos a medio y largo plazo de los movimientos secundarios y un sistema de Dublín inoperante".
Bruselas tiene previsto publicar en fechas próximas su primera evaluación sobre qué países de la UE afrontan la mayor presión migratoria y de qué manera deben ayudar los otros, un informe que estaba previsto fuera publicado en octubre y se ha ido retrasando.
EFE.