La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, aseguró hoy ante el Consejo de Derechos Humanos que la epidemia del coronavirus ha desatado «una inquietante ola de prejuicios contra ciudadanos chinos y de etnia oriental«.
«Pido a los Estados miembros que combatan ésta y otras formas de discriminación«, subrayó la expresidenta chilena, quien aseguró que para hacer frente al virus es necesario que las medidas de salud pública en todos los países se realicen sin estigmatizar a nadie y dando especial importancia a la transparencia y a la información veraz.
Bachelet añadió que «las cuarentenas, que restringen el derecho a la libertad de movimiento, deben ser proporcionales a los riesgos, temporales, y seguras«, protegiendo a aquellos afectados y garantizando su derecho al acceso a alimentos, agua potable, trato humano, así como su libertad de expresión e información.
También recordó que aquellas personas que viven en instituciones tales como asilos o prisiones son «más vulnerables a esta infección», por lo que expresó su preocupación por el trato a éstos y otros grupos vulnerables.
La alta comisionada aprovechó para rendir homenaje a los profesionales sanitarios que están haciendo frente al coronavirus causante del COVID-19, «que supone una grave amenaza a los derechos a la vida y la salud de todos».
«Esta crisis sanitaria es una prueba para medir la resistencia de nuestras sociedades, y la red de derechos humanos proporciona cruciales guías para fortalecer la eficacia de nuestra respuesta», concluyó.
El embajador chino ante la ONU en Ginebra, Chen Xu, invitó el miércoles en el mismo Consejo de Derechos Humanos a Bachelet a visitar China y su región noroccidental de Xinjiang, donde grupos de derechos humanos han denunciado la existencia de masivos campos de reeducación para uigures y otras etnias musulmanas de la zona.
La alta comisionada agradeció hoy la invitación y subrayó que se estudia ya el envío de un equipo de su oficina a China, aunque recalcó que pedirá acceso sin trabas a determinadas instalaciones para «analizar profundamente la situación de los derechos humanos».
EFE