Un total de dos mil 227 inspecciones fueron realizadas por los fiscales de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde), durante el mes de noviembre en el territorio nacional, con el objetivo de dar cumplimiento a la Ley Orgánica de Precios Justos (LOPJ).
Dentro de las inspecciones destacan las visitas a las grandes cadenas de supermercados como: Central Madeirense, Excelsior Gama y Garzón, los recorridos en los locales comerciales situados dentro de los centros comerciales Sambil, El Recreo y Ciudad Tamanaco, así como las fiscalizaciones realizadas en abastos, bodegones, panaderías, carnicerías, farmacias, mercados municipales y mayoristas.
En dichos comercios, los servidores públicos del ente regulador de precios, en conjunto con la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI), la Policial Nacional y Estadal Bolivariana verificaron márgenes de ganancia, habladores de precios en los rubros comercializados, las normas de bioseguridad para prevenir la propagación de la Covid-19 y la publicación de la Tasa Oficial Cambiaria establecida por el Banco Central de Venezuela (BCV) para las transacciones en moneda extranjera, en el caso de que los usuarios quieran pagar con ese método.
En ese sentido, lograron detectar incumplimiento de los artículos 46 y 49 tipificados en la Ley Orgánica de Precios Justos como delitos socioeconómicos de Incumplimiento de Formalidades y Especulación, por lo cual fueron ajustados los precios de rubros esenciales como: Harina de maíz precocida, arroz, pasta alimenticia, granos, aceite vegetal, azúcar, sal de mesa, salsa de tomate, margarina y mayonesa, entre otros rubros.
Por otra parte, la Sundde atendió 228 denuncias a través de la línea telefónica gratuita 0800 LO JUSTO (5658786), 10 por la red social Twitter @sundde_ve y 205 denuncias de manera personalizada en las oficinas regionales, siguiendo los protocolos de bioseguridad.
Del mismo modo, recibió 144 solicitudes de intermediaciones entre arrendatarios y arrendadores comerciales, para la resolución de conflictos referentes a los cánones de arrendamientos y contratos para inmuebles de uso comercial.
VTV