El expresidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela y actual presidente del Consejo Superior del gremio, Aquiles Martini Pietri, analizó en Noticias Venevision el impacto del nuevo marco legal de arrendamientos sancionado por el Poder Legislativo, coincidiendo con el incremento en la demanda habitacional tras la reciente contingencia sísmica en La Guaira.
El dirigente gremial valoró los aspectos positivos del texto legal, señalando que representa un avance frente al esquema restrictivo promulgado en 2011, aunque advirtió sobre distorsiones pendientes por resolver.
Martini Pietri destacó que la mayor fortaleza del nuevo instrumento legal radica en el restablecimiento del principio de la autonomía de la voluntad de las partes sin la intervención de organismos reguladores como la Sunavi.
Puntos positivos: Libre acuerdo entre las partes para fijar el canon de arrendamiento sin regulación de precios; legalización de depósitos en garantía y fianzas bancarias; eliminación de las prórrogas automáticas estableciendo la finitud de los contratos.
Aspectos pendientes: La vigencia paralela del Decreto N° 8.190 que prohíbe los desalojos y la coexistencia de dos regímenes legales (los contratos previos bajo la ley de 2011 y los nuevos tras la promulgación). Martini Pietri sugirió establecer un período de transición de uno a dos años para unificar la totalidad de los contratos vigentes bajo la nueva normativa.
"La confianza no se decreta, es un acto de coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Hay oferta suficiente en el mercado secundario —impulsada en parte por las viviendas desocupadas de la diáspora— para atender la demanda si el Estado garantiza seguridad jurídica a los propietarios", enfatizó el especialista.
Análisis del esquema de subsidios y crédito bancario
Sobre el plan de subsidios habitacionales para familias afectadas, el representante del sector calificó la estructura financiera como un mecanismo técnicamente acertado para evitar la especulación de precios en el mercado secundario.
Viviendas de hasta $50.000: Subsidio estatal del 80%, dejando un saldo hipotecario de aproximadamente $14.000 financiable a 25 años con cuotas estimadas en $33 mensuales (más intereses y gastos de condominio).
Viviendas de $70.000 a $100.000: Subsidio estatal del 50%, requiriendo financiamiento por los $50.000 restantes, equivalente a una cuota aproximada de $166 mensuales.
El vocero gremial recordó que para que el crédito hipotecario se masifique en el país para toda la ciudadanía, es indispensable estabilizar los indicadores macroeconómicos y controlar la devaluación.
Derogación de leyes restrictivas para la construcción primaria
Finalmente, Martini Pietri hizo un llamado a las autoridades y al Parlamento a acelerar la revisión del marco regulatorio del sector construcción —cuya actividad acumula una contracción superior al 95%—, instando a derogar la Ley contra la Estafa Inmobiliaria y reformar la Ley del Deudor Hipotecario.
"Para resurgir la construcción de vivienda primaria se debe derogar por completo una ley que partió del supuesto de que el promotor o constructor es un estafador. Igualmente, resolver el tema del financiamiento crediticio permitirá que en un lapso de 18 a 24 meses veamos la entrada de fondos de inversión para el desarrollo de viviendas destinadas al alquiler formal", concluyó.
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