La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde), realizó 20 mil 640 fiscalizaciones en 2020, mediante la implementación de operativos especiales en cadenas de supermercados, mercados municipales, red de farmacias, tiendas de calzados, textiles y centros comerciales del país.
Con dichas inspecciones, la Sundde, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional, detectó distintos delitos como: Infracción por Incumplimiento de Formalidades y Especulación, tipificados en los artículos 46 y 49 de la Ley Orgánica de Precios Justos (LOPJ).
En ese sentido, fue aplicada la medida preventiva de ajuste de precios contemplada en el artículo 70 de la LOPJ, donde fueron ajustados los costos de los alimentos esenciales contentivos dentro de los 27 acordados, productos de higiene y aseo personal, medicinas, ropa y zapatos, entre otros rubros, así como también se aplicaron multas en varios locales comerciales.
Durante las fiscalizaciones, los servidores públicos del ente regulador de precios, verificaron el cumplimiento del Precio Máximo de Venta al Público (PMVP), habladores de precios en los anaqueles, facturación y documentación de los negocios.
De igual manera, se verificó la publicación de la Tasa Oficial Cambiaria, que es la publicada por el Banco Central de Venezuela (BCV), para las transacciones comerciales en moneda extranjera en el caso de que los usuarios deseen pagar con esa modalidad, así mismo, supervisaron el cumplimiento de las normas de bioseguridad para evitar la propagación de la COVID-19.
Siguiendo lineamientos de la ministra de Comercio Nacional y superintendenta, Eneida Laya, la Sundde recibió mil 293 usuarios en sus oficinas regionales, siguiendo los protocolos de bioseguridad para prevenir la infección por coronavirus.
Asimismo, recibió dos mil 141 quejas a través de la línea telefónica gratuita 0800 LO JUSTO (5658786).
Del mismo modo, 397 denuncias relacionadas a cánones de arrendamientos de inmuebles para uso comercial y se llevaron a cabo 185 actos conciliatorios entre los arrendatarios y arrendadores, quedando ambas partes de acuerdo, donde la Sundde sirvió de intermediario.
También fueron supervisados 235 centros de salud privados, de los cuales 125 presentaron incumplimiento de la Ley que rige la Sundde, además, se supervisaron 525 unidades educativas privadas, donde se detectaron 294 con incumplimiento de las resoluciones 024, 027 y 114, que dictan las normativas para aplicar los ajustes de precios en inscripciones y mensualidades escolares.
Por otra parte, la Superintendencia de Precios Justos supervisó 187 Silos para verificar el inventario y la capacidad de almacenamiento de materia prima como: maíz, arroz y trigo en varias empresas públicas y privadas del país.
Las inspecciones contaron con la participación de Servicio Autónomo Nacional de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos (Sencamer), Superintendencia Nacional de Gestión Agroalimentaria (Sunagro), el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI), y la Policía Nacional y Estadal Bolivariana, los cuales trabajaron de manera articulada con la Sundde en defensa de los derechos socioeconómicos y el poder adquisitivo del pueblo.