Marino Alvarado, activista de Derechos Humanos y miembro de la directiva de Provea, se pronunció ante la resolución que exige a las Organizaciones No Gubernamentales venezolanas, a inscribirse en el registro de la Oficina contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
“Es un trabajo que fundamentalmente va orientado a beneficiar a los sectores más pobres, más desprotegidos de la población venezolana”, señaló el activista. "Nosotros recibimos denuncias de violaciones de Derechos Humanos.
Marino Alvarado enfatizó que la nueva resolución se debe a “la presunción de que las organizaciones de la sociedad civil están vinculadas al terrorismo porque reciben cooperación internacional”.