Este domingo, el abogado, profesor universitario y especialista en Derecho Público, Administrativo y Procesal Constitucional, Perkins Rocha, conversó con la periodista Margarita Oropeza en una entrevista exclusiva para Venevision.
Al preguntarle sobre su situación tanto jurídica, como física en este momento, precisó: “Bueno, jurídicamente formo parte de una causa judicial que por una serie importante de delitos se nos abrió a 8 de aproximadamente 600-700 personas que fueron detenidas posteriores a los eventos del 28 de julio del año 2024. (…) De esas 8 personas, 7 están ahorita en libertad, unos por la amnistía y otros porque a pesar de haberse les negado la amnistía, les permiten digamos transitar libremente. El único que permanece en su casa con un grillete en el tobillo y con un apostamiento policial, como te habrás dado cuenta, es mi persona”.
Al considerar si puede el Ejecutivo derogar una ley que le corresponde estrictamente al poder legislativo, Rocha dijo: "Esa ley no puede morir sino por otra ley o porque haya un referéndum consultivo abrogatorio o eventualmente porque haya un tribunal que libremente decida su nulidad. Mientras tanto, esa ley sigue vigente. El problema es quién está aplicando esa ley".
Sobre qué tiene que tener la Comisión Presidencial para la reforma penal en el país, comentó: “Ninguna reforma que se plantee en este momento tendrá vigencia mientras no recuperemos la libertad del país. La independencia es lo fundamental para el Poder Judicial, más que la autonomía, porque un Poder Judicial puede subsistir sin recursos, pero lo fundamental del Poder Judicial es un juez independiente exento de expresiones políticas y más partidistas”.
De cara al proceso para la designación de los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, opinó: “Sí lo considero conveniente. Creo que el Poder Judicial actual tiene una gran deuda con el país y con gran parte de la sociedad que está representada en los cientos de venezolanos que hoy permanecen en cárceles sin juicios, detenidos injustamente y que alguien tiene que asumir la responsabilidad de liberarlos y de darle pues, el debido proceso".
Para cerrar, en relación con los requisitos indispensable que deben tener estos magistrados, el abogado expresó: “Se habla de imparcialidad pero también se habla de que no correspondan a ninguna parcialidad política. Independencia. Independencia de criterio es fundamental y mientras no esté estructurado el Poder Judicial de tal manera que se proteja la influencia del Poder Ejecutivo o de otro factor de poder en las decisiones que debe tomar un magistrado o un juez de la República, no estarán dadas las condiciones para que un juez pueda soportar y ser respetado por sus decisiones”.
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