El Gobierno de Venezuela rechazó categóricamente las sanciones y medidas coercitivas unilaterales impuestas por la Unión Europea (UE). A través de un comunicado, las calificó de ilegales e ilegítimas y contrarias al Derecho Internacional y a la Carta de las Naciones Unidas.
Venezuela criticó a la UE por insistir en una "línea de hostilidad estéril" que demuestra una política exterior errática y carente de autonomía.
El comunicado afirma que esta política de sanciones ha sido un rotundo fracaso, que ha deteriorado las relaciones políticas y diplomáticas evidenciando la irrelevancia creciente del bloque como actor internacional independiente.
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