En el marco de la presentación de la hoja de ruta para la transformación democrática, económica y social de Venezuela, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ratificó el compromiso del Ejecutivo con una reforma profunda del sistema de justicia penal, orientada a erradicar la corrupción, el retardo procesal y la criminalización de la pobreza.
Para concretar esta transformación, Rodríguez anunció el desarrollo de una Consulta Nacional Inclusiva y confirmó el respaldo técnico de la Unión Europea y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).
Principales avances y medidas clave: