La Asamblea Nacional aprobó por unanimidad y en segunda discusión la Ley del Régimen Especial de Arrendamiento de Inmuebles Destinados a Vivienda, un instrumento de 27 artículos que será remitido a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para su promulgación.
La norma establece que las ejecuciones de desalojo solo podrán acordarse mediante un tribunal de municipio o arbitral, desaplicando los mecanismos administrativos previos. Además, incorpora a los jueces de paz como mediadores e introduce causales de rescisión por impago de tres meses en alquileres o servicios públicos.
La legislación dispone que los cánones podrán pactarse en moneda extranjera y cancelarse en bolívares según la tasa del Banco Central de Venezuela, garantizando la prioridad de compra al arrendatario con más de dos años en el inmueble. Durante la sesión, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, destacó: “El Estado puede arrogarse esa función y decidir: en lugar de que lo haga un burócrata en un ministerio, que lo haga una gente que eligieron por decisión popular; eso en el caso de la mediación”. Con este texto sancionado, el cuerpo legislativo alcanza diez leyes aprobadas en 2026.
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