Gobierno español aprueba plan para indemnizar víctimas de abusos registrados en Iglesia

El Gobierno español aprobó este martes un plan de reparación que contempla indemnizaciones a las víctimas de abusos en la Iglesia cuyos casos hayan prescrito, así como la celebración de un acto de Estado de reconocimiento a los afectados, que sigue las recomendaciones del Defensor del Pueblo.

El plan procede del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y estará vigente entre 2024 y 2027.

El Ejecutivo español inició ya conversaciones con la Conferencia Episcopal Española (CEE) para que asuma las indemnizaciones a las víctimas, informó el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

"Creo que nadie entendería que la iglesia no actuara como lo han hecho otros países de nuestro entorno", dijo.

El plan sigue las recomendaciones del informe elaborado por el Defensor del Pueblo a instancias del Parlamento, presentado el pasado 27 de octubre, que cifró en el 1,13 % de la población adulta las víctimas de abusos en el ámbito de la Iglesia, hasta 440.000 personas.

"Son cifras muy altas que nos deberían impactar", señaló Bolaños.

Sin embargo, la CEE en su momento cuestionó las cifras que aportó el Defensor del Pueblo y se desvinculó del fondo de reparación propuesto por el mismo.

El titular de Justicia explicó que el plan contiene cinco ejes de actuación: reconocer y reparar; atender a las víctimas; prevenir; formar y sensibilizar y por último informar e investigar.

Su principal objetivo es reparar a las víctimas de abusos cometidos en el seno de la Iglesia católica que "durante décadas han sido olvidadas y orilladas" y a las que "nadie prestó atención".

El texto recoge también la creación de una comisión integrada por los ministerios implicados en la ejecución de las medidas y buscará la participación de las víctimas y sus asociaciones.

Las cifras de víctimas de abusos en el seno de la Iglesia en España no están claras, entre otras razones, por la falta de denuncias, dado que se prolongaron en el tiempo y las víctimas, en su mayoría, eran menores.

Además, y tal y como avanzó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el debate de investidura, se reforzará el marco jurídico para que los delitos de agresión y abusos sexuales a menores no estén limitados a un momento concreto y que la responsabilidad civil no prescriba.

Por otra parte, se impulsará el uso de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito (OAVD) para acoger a estas personas, se formará a los equipos de estas unidades para atender a las víctimas de abusos en la Iglesia y se elaborará un estudio sobre prevalencia de la violencia hacia la infancia y la adolescencia en España, impulsado por el Ministerio de la Juventud e Infancia.


EFE