Los líderes de la Unión Europea (UE) han logrado desbloquear su plan de recuperación tras la pandemia de coronavirus, al llegar a un compromiso con Hungría y Polonia para que levantasen el veto que mantenían por su rechazo a vincular estas ayudas al Estado de derecho.
El acuerdo, sellado este jueves en una cumbre que aún continúa en Bruselas, tras más de 18 horas de negociaciones, permitirá seguir con la tramitación del presupuesto comunitario para 2021-2027 y del Fondo de Recuperación, que movilizarán en total 1,8 billones de euros para hacer frente a las consecuencias de la covid-19, con el fin de que puedan entrar en vigor el 1 de enero de 2021.
Tras 18 horas de negociación, los líderes siguen atascados en la búsqueda de un acuerdo sobre el porcentaje de reducción de emisiones de efecto invernadero para el año 2030, y no han logrado un consenso en torno al 55%.
"Acuerdo sobre el marco financiero plurianual y el paquete de recuperación. Ahora podemos empezar con la implementación y reconstruir nuestras economías", escribió el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, en su cuenta en Twitter.
Para convencer a Budapest y Varsovia, los líderes comunitarios aprobaron una declaración que no modifica el mecanismo de condicionalidad, pero clarifica que se aplicará de forma "justa" e "imparcial" entre los Estados miembros y garantiza que los países podrán recurrirlo ante el Tribunal de Justicia de la UE.
Hungría y Polonia no han logrado por lo tanto tumbar esta regulación, que permitirá por primera vez congelar las ayudas europeas cuando un país viole el Estado de Derecho, pero han obtenido ligeras concesiones que les permiten vender en casa una victoria y conservar su derecho a millones de euros en ayudas.
"Ganó el sentido común. Ganamos porque en tiempos difíciles, con la pandemia y los problemas económicos, no es tiempo para discusiones políticas e ideológicas que nos frenan", dijo el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, tras el acuerdo.
El texto aclara que este mecanismo solo se usará para penalizar violaciones del Estado de derecho que conciernan al presupuesto y si no hay otros mecanismos más efectivos, así como que los países afectados podrán pedir que se aborde el asunto a nivel de jefes de Estado.
Además, señala que si un país pide la anulación de esta regulación ante el Tribunal de Justicia de la UE, la Comisión Europea no podrá proponer medidas contra los potenciales infractores hasta que haya una sentencia judicial.
Este punto generó inquietud en algunos socios, en particular Países Bajos, pero los servicios jurídicos del Consejo confirmaron que el texto se ajusta a los tratados europeos, con lo que los líderes dieron su visto bueno unánime.
El desbloqueo del paquete de recuperación, sin embargo, no significa que esté definitivamente aprobado y que el dinero pueda empezar a fluir hacia los Estados.
El acuerdo tendrá que ser aprobado formalmente este viernes por los embajadores de los Veintisiete ante la UE y después validado por la Eurocámara, que ya ha advertido de que analizará el efecto legal de esta declaración.
El hecho de que no se haya modificado el mecanismo de condicionalidad debería allanar el camino para tener luz verde en el Parlamento, que está dispuesto a acelerar la aprobación del mismo, así como del presupuesto plurianual, del fondo de recuperación y del presupuesto de 2021 y votarlos en pleno la semana que viene.
Esto permitiría estrenar el año nuevo con presupuesto comunitario, pero el fondo de recuperación aún tiene que ser ratificado por varios parlamentos nacionales para empezar a andar, lo que podría demorarse varios meses.
La Comisión Europea calcula que las ayudas -unos 140.000 millones en el caso de España- llegarán a los países a partir de junio, ya que, una vez ratificado el fondo, tendrá que emitir la deuda para financiarlo y aprobar los planes de recuperación nacionales, como pronto en abril.
EFE