Un informe oficial del Contralor de la ciudad de Nueva York destaca los beneficios que aporta la inmigración a las finanzas municipales y aboga por que la ciudad les costee los gastos legales asociados con una eventual regularización.
El contralor Brad Lander -que supervisa el buen uso de las finanzas de la ciudad- emitió su informe el pasado lunes, que se titula «Beneficios económicos de los servicios legales para inmigrantes», y sostiene que proporcionar asesoría legal gratuita a los inmigrantes podría ayudar a regularizar a 53.000 personas.
Esos nuevos neoyorquinos aportarían a su vez un beneficio neto de 8.400 millones de dólares a lo largo de treinta años, cifra resultante de sumar los impuestos locales, estatales y federales que ellos pagarían, menos los servicios que obtienen a cambio.
«El acceso a permisos de trabajo lleva a mejores salarios» -razona el contralor-, y de ahí se deriva un mayor pago de impuestos y un mayor consumo personal.
«Ganar estatus legal abre la puerta a que más inmigrantes abran cuentas bancarias, compren casas y abran negocios, lo que hace crecer la economía», explica en una impecable lógica sobre los fundamentos de la economía capitalista.
Por el contrario, la deportación de inmigrantes -por la que abogan los políticos republicanos en este año electoral- acarrea «tremendos costos humanos» y también económicos en forma de niños sin padres que ingresan en los cuidados públicos, enfermedades mentales que requieren atención y secuelas en el desarrollo escolar, refiere el contralor.
De hecho -precisa su informe- una deportación a gran escala de indocumentados haría perder a la ciudad de Nueva York 40.000 millones en su PIB en el plazo de 10 años, y el PIB nacional retrocedería un 1,4%, asegura.
Nueva York ha recibido en casi dos años más de 180.000 inmigrantes de todo el mundo -sobre todo de Venezuela y Centroamérica-, y el presupuesto que la ciudad dedica a asistirlos va a suponer a fines de 2025 una carga de 10.600 millones, según ha advertido en varias ocasiones el alcalde Eric Adams, aunque recientemente redujo esa cifra en un 10%.
Sin embargo, el informe del contralor supone la primera vez que un organismo municipal subraya los beneficios y no los gastos de la inmigración para las finanzas de la ciudad.
EFE.