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Experto en servicios públicos propone descentralizar el sector eléctrico para atraer inversión privada

José María de Viana: "Mientras aparezca Corpoelec como matriz del servicio eléctrico, no vamos a tener inversión privada aquí".

  • 12-Noviembre-2026 1:50
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El experto en servicios públicos, José María de Viana
El experto en servicios públicos, José María de Viana. Foto: Cortesía.

Para garantizar la recuperación del Sistema Eléctrico Nacional  y atraer capitales extranjeros, el servicio debe volver a manos de empresas privadas y operar de manera descentralizada, así lo afirmó el experto en servicios públicos y profesor de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), José María de Viana al analizar la reciente reforma parcial de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico aprobada por la Asamblea Nacional.

Aunque el especialista coincidió en que el Estado debe mantener su rol regulador, enfatizó que la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía deben ser ejecutadas por el sector privado. Para lograrlo, consideró indispensable la disolución de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) y la restitución de operadoras regionales.

"Mientras aparezca Corpoelec como matriz del servicio eléctrico, no vamos a tener inversión privada aquí", aseguró.

Asimismo, Viana alertó que la crisis energética impacta directamente en la reactivación petrolera, descartando que la autogeneración sea una alternativa viable para este sector. Explicó que la industria de hidrocarburos exige niveles de confiabilidad donde la probabilidad de falla sea inferior a 1 por cada 100.000, un estándar que solo puede ofrecer un sistema interconectado robusto con múltiples fuentes de suministro.

Respecto al marco legal, el experto criticó la inclusión de sanciones administrativas, penales y menciones a expropiaciones, señalando que “mezclar asuntos estrictamente mercantiles con elementos persecutorios ahuyenta a los inversionistas internacionales y desconoce el derecho a la propiedad privada”.

Finalmente, de Viena instó a los parlamentarios a escuchar a la ciudadanía y retomar los parámetros de la ley de 1999, normativa que, a su juicio, sí ofrecía garantías reales para el financiamiento privado.

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