La abogada y presidenta de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, analizó la delicada coyuntura de seguridad que atraviesa la frontera entre Colombia y Venezuela, a raíz de los recientes atentados registrados en Cúcuta y la alerta de viaje emitida por el gobierno de Estados Unidos para sus ciudadanos.
Durante su intervención, la especialista enfatizó que la respuesta frente a estas agresiones debe ser “firme, seria, pero también serena”, advirtiendo que la seguridad fronteriza no puede concebirse sin priorizar la protección de los ciudadanos, comerciantes y transeúntes que hacen vida en el paso limítrofe más activo del continente. Señaló como amenaza persistente la operación de disidencias de las FARC, el ELN y redes de microcrimen que aprovechan la porosidad limítrofe para refugiarse y expandir sus actividades delictivas.
San Miguel planteó como medida de máxima urgencia la reactivación formal de canales bilaterales de comunicación e intercambio de inteligencia verificable entre los mandos militares y de relaciones exteriores de Colombia y Venezuela. Asimismo, advirtió sobre la posibilidad de que los recientes anuncios de seguridad del nuevo gobierno colombiano generen un «efecto globo», desplazando el accionar de grupos irregulares armados hacia territorio venezolano si no existe una coordinación efectiva.
Finalmente, la presidenta de Control Ciudadano instó al Estado venezolano a revisar la doctrina de empleo y el concepto estratégico de la Fuerza Armada Nacional para situar la vigilancia territorial fronteriza como una prioridad real y de largo aliento. De igual modo, exigió total transparencia informativa por parte de las autoridades venezolanas respecto a los despliegues de efectivos, el alcance de las medidas y los plazos de ejecución en la frontera.