En entrevista para la Noticias Venevisión Estelar, el doctor en Derecho y profesor constitucionalista de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Rafael Chavero, ofreció un análisis sobre el panorama judicial venezolano, centrándose en el proceso de selección de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el impacto social de la controvertida Ley contra el Odio.
Respecto al Comité de Postulaciones Judiciales, Chavero expresó serias reservas sobre la inclusión de diputados parlamentarios dentro del órgano de selección. A su juicio, la presencia de legisladores contraviene el espíritu de la Constitución y debilita la independencia necesaria para nombrar a los administradores de justicia.
Consultado sobre la aplicación de la Ley contra el Odio, el especialista argumentó que la normativa ha desviado su propósito conceptual (la protección frente a la discriminación) para convertirse en una herramienta de persecución al discurso político disidente.
Chavero citó casos de personas encarceladas con penas de hasta 15 y 30 años por denunciar fallas en servicios públicos o emitir críticas a través de mensajería privada. "Es una ley dictada con el único fin de generar pánico y censura", aseveró el constitucionalista.
El jurista sostuvo que la legislación debe ser derogada. En el escenario de una eventual reforma, indicó que la ley tendría que adecuarse a estándares internacionales como el Plan de Acción de Rabat, el cual delimita con claridad la incitación inminente a la violencia y excluye la crítica política de la criminalización penal.