En el marco del proceso de postulaciones para la designación de nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la abogada penalista, secretaria general de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y miembro de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Magaly Vásquez, analizó los desafíos urgentes del sistema de justicia venezolano, las diferencias del actual proceso con eventos anteriores y la urgencia de rescatar la autonomía de los jueces.
Durante una entrevista en la Emisión Estelar de Noticias Venevisión, la aspirante al máximo tribunal enfatizó que la verdadera independencia judicial reside en el respeto irrestricto al proceso de designación, advirtiendo sobre el daño que provocan las cuotas partidistas dentro del Poder Judicial.
Al ser consultada sobre las presiones que históricamente han afectado a la judicatura, Vásquez remarcó que un juez debe responder exclusivamente a la legalidad vigente.
“Esa independencia deviene de la manera como un magistrado es electo... Si un magistrado es designado conforme a los procedimientos constitucionales y legales, no puede ser una cuota de un determinado grupo o partido. Un juez no puede obedecer un lineamiento o una orientación, sino que está allí para cumplir la ley y la Constitución”, expresó.
Tras recordar su previa aspiración al cargo de fiscal general de la República, Vásquez explicó que decidió postularse al TSJ porque percibe un escenario de mayores garantías y reglas claras. Como avance fundamental, destacó la publicación de un baremo oficial de calificación y la labor del comité evaluador de credenciales.
“En el proceso en el que yo participé nunca conocimos el baremo; al día de hoy no sé cuáles fueron los criterios que incidieron. Ahora hay un poco más de certeza en relación con las condiciones”.
Asimismo, valoró el cumplimiento de las fechas establecidas y la pronta difusión de los aspirantes. “Las oportunidades, por pequeñas que sean, de poder reinstitucionalizar hay que aprovecharlas y comprometerse. No podemos ser simples espectadores y esperar que las cosas cambien por inercia”.
Vásquez denunció la precariedad laboral de la gran mayoría de los jueces en el país como el origen de la subordinación judicial. Aseguró que la falta de nombramientos constitucionales convierte la destitución de funcionarios en un trámite discrecional:
“En Venezuela hoy día es muy fácil remover a un juez porque no tienen autonomía y no tienen estabilidad, al no haber sido designados conforme a los procesos constitucionales [...] Basta con un simple oficio para removerlos de su cargo”.
Vinculó esta falla institucional con el colapso penitenciario y las continuas suspensiones de audiencias que derivan en un retardo procesal generalizado.
“En Venezuela no puede haber una justicia de primera y una justicia de segunda [...] El diagnóstico está hecho; no hay razón para que los procesos se prolonguen de la manera en que se prolongan. Lo que hace falta es disposición, voluntad y voluntad política con 'P' mayúscula: querer hacer las cosas bien”.
Frente a un eventual proceso de reconciliación en un país polarizado, Vásquez defendió la justicia transicional basada en cuatro pilares: justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición. “Transición no significa impunidad; significa justicia con garantías”.
Para finalizar, hizo un llamado enfático a la ciudadanía y a los gremios a ejercer una contraloría social activa durante las entrevistas y fases de evaluación, sugiriendo que las audiencias a los postulados sean de carácter público. Destacó además que elementos como la honorabilidad y la ascendencia moral de un aspirante en su comunidad y entorno profesional son tan determinantes como sus títulos académicos.