La Asamblea Nacional someterá a debate la reforma a la Ley contra el Odio para modificar su denominación a Ley para la Convivencia Democrática, la Paz y la Tolerancia. La propuesta adecua sus competencias al Parlamento, elimina la clausura de medios de comunicación y sustituye las penas de prisión de 10 a 20 años por sanciones administrativas de 500 a 10.000 euros.
El abogado penalista Joel García destacó la supresión de las penas corporales, aunque advirtió sobre las sanciones económicas: "Lo importante es que se eliminan las penas corporales, las penas de prisión o presidio, y se entablan sanciones administrativas. Son penas que verdaderamente, si lo traducimos a lo que gana un venezolano o lo que puede percibir un medio, resultan casi confiscatorias".
Sectores del gremio jurídico consideran que el proyecto representa un avance siempre que garantice el libre ejercicio del periodismo y la libertad de expresión. Al respecto, García añadió: "Soy partidario de que se derogara. Sin embargo, si esto queda, lo saludo porque ya no hay pena de prisión como lo planteaba la antigua ley. Pero si podemos hacerlo mejor, que la libertad de expresión esté garantizada, que el periodismo pueda ser ejercido y que las opiniones políticas no sean sancionables, sería mucho mejor". Se prevé su primera discusión en las próximas sesiones ordinarias.