El director presidente de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero, advirtió que no puede hablarse de una verdadera apertura o estabilidad democrática en Venezuela mientras se mantengan medidas arbitrarias de persecución y continúen cientos de personas tras las rejas por motivos de conciencia. Ante el anuncio de una nueva fase de excarcelaciones, el abogado enfatizó que una excarcelación con medidas cautelares no equivale a una libertad real, e insistió en que el reclamo de la sociedad civil debe resumirse en una consigna inequívoca: “libres todos los presos políticos”.
Durante la entrevista, Romero calificó de arbitrario el bloqueo impuesto por funcionarios policiales en la residencia del abogado Perkins Rocha para impedir visitas, una acción ejecutada al margen de una orden judicial. Señaló que este tipo de hechos demuestra que la estructura represiva del Estado sigue activa y responde directamente a decisiones del Ejecutivo.
Asimismo, subrayó que más de 9.000 personas excarceladas en el país continúan sometidas a severas medidas restrictivas (como régimen de presentación periódica en tribunales, prohibición de salida o imposibilidad de retornar al país por temor a represalias), manteniendo latente la persecución judicial.
Al abordar la causa de Paramacay y la situación del capitán Juan Carlos Caguaripano, Romero denunció irregularidades procesales, señalando que la presidencia del Circuito Judicial Penal del estado Carabobo asumió el expediente de forma indebida, arrebatándole la competencia a la Corte de Apelaciones.
Por otro lado, alertó sobre las condiciones en centros de reclusión como El Rodeo I, donde denunció que los custodios operan encapuchados y persisten tratos inhumanos. Mencionó detenciones prolongadas sin juicio por encima de los límites legales (como la de Igbert Marín Chaparro) y casos como el de Daniel Echenagucia, quien continúa privado de libertad a pesar de contar con boleta de excarcelación desde el 21 de octubre.
Romero detalló que Foro Penal registra de manera verificada y conservadora al menos 321 presos políticos, a los que se suma una lista de más de 1.000 casos en evaluación correspondientes a “presos del poder”, personas recluidas arbitrariamente por abusos de poder sin que existan motivaciones políticas directas. A ello sumó el retraso procesal que afecta a ciudadanos de bajos recursos que carecen de medios de defensa frente a un sistema judicial inoperante.
Para el representante de la organización, la solución de fondo no pasa por una reforma, sino por una reconstrucción integral de todo el sistema de justicia (policías, fiscalías, tribunales y régimen penitenciario). Romero concluyó que para avanzar hacia una transición democrática genuina es indispensable erradicar la criminalización de la disidencia, cesar el uso del término “terrorista” contra los opositores y reconocer plenamente la condición de víctimas de los detenidos arbitrariamente.