Parlamento español prorrogará estado de alarma a petición de Gobierno

El Congreso español autorizará este miércoles otra prórroga del estado de alarma solicitada por el Gobierno, que consiguió a última hora un acuerdo con los partidos minoritarios PNV (nacionalistas vascos) y Ciudadanos (liberales) para que voten a favor y evitar así una eventual derrota parlamentaria.

El estado de alarma para contener la epidemia de COVID-19 fue declarado el 14 de marzo y estaría vigente así al menos hasta el 23 de mayo. Esta nueva prórroga es «imprescindible» para asegurar las medidas sanitarias excepcionales y las de carácter laboral y social aprobado para enfrentar la grave crisis económica generada, argumenta el Ejecutivo.

Hasta ahora, el conservador Partido Popular (PP), el principal de la oposición, había apoyado con críticas las sucesivas ampliaciones del estado de alarma pedidas por el gobernante español, que dirige el socialista Pedro Sánchez.

Sin embargo, el PP se niega a respaldar otra prórroga, pues considera que Sánchez pretende obtener ventaja política de la situación. Gobierna en minoría parlamentaria (en coalición con los izquierdistas de Unidas Podemos), y el estado de alarma le otorga el mando único político para contener la epidemia, pero también lo aprovecha para decisiones no relacionadas con este asunto, según señalan los conservadores.

También las autoridades de las regiones del País Vasco y Cataluña se muestran recelosas del estado de alarma, ya que piensan que se utiliza para restringir arbitrariamente sus amplias competencias de gestión, como las sanitarias.

Con algún ligero altibajo, España mantiene la estabilidad en el número de muertes diarias causadas por COVID-19, inferior a 200 en los últimos días, y el de casos de nuevos infectados, por debajo de mil, según datos oficiales del Ministerio de Sanidad.

Sin embargo, las fuertes restricciones de movimientos de la población y la prohibición total o parcial de la actividad económica impuesta por el Gobierno han disparado el desempleo.

España perdió casi un millón de puestos de trabajo entre marzo y abril pasados, la mayoría eventuales, en tanto que 3,38 millones de personas están afectadas total o parcialmente por expedientes de regulación temporal de empleo.

EFE