El director de la Organización No Gubernamental Foro Penal, Alfredo Romero, manifestó su profunda preocupación ante lo que considera una "pérdida de fuerza" y una aplicación selectiva de la Ley de Amnistía en Venezuela. Según los registros de la organización, de las 790 excarcelaciones contabilizadas desde el pasado mes de enero, solo 180 han sido tramitadas bajo este marco legal.
Romero señaló que el proceso de liberación de los denominados presos políticos se ha estancado. Advirtió que la medida no debe ser discrecional, sino que debe alcanzar a todos los sectores procesados sin exclusiones, exigiendo el sobreseimiento inmediato de las causas pendientes.
"Todas estas personas que hemos contabilizado... son personas detenidas arbitrariamente y no tienen una justificación para permanecer privadas de libertad. Deben ser liberadas de manera inmediata", sentenció el defensor de derechos humanos.
Uno de los puntos clave de la denuncia de Romero es la exclusión de los efectivos militares del beneficio procesal. Actualmente, Foro Penal contabiliza 187 militares privados de libertad bajo condiciones que califican de injustas.
El director de la ONG puso como ejemplo el caso de Igber Marín Chaparro, recluido en El Rodeo I. Romero denunció que, tras cumplir su condena original, se le abrió un nuevo proceso judicial dentro de la propia cárcel por supuestos actos de rebelión interna, una maniobra que calificó como una estrategia para "mantenerlo privado de libertad arbitrariamente".
Ante este escenario Alfredo Romero informó que el Foro Penal mantiene un registro actualizado de 493 presos políticos, existen casos de personas con más de 8 años bajo medidas preventivas que, por ley, deberían enfrentar sus juicios en libertad.
Asimismo informó que en los próximos días, se llevará a cabo una reunión con la Comisión Especial de seguimiento de la Ley de Amnistía para presentar formalmente los casos que han sido negados sistemáticamente por los tribunales venezolanos.
La organización insiste en que la amnistía debe ser integral y que el Estado debe cesar las demoras procesales que prolongan detenciones sin base jurídica sólida.
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