La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el pasado 5 de agosto de 2026 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el Caso Nº 14.267, relativo a Venezuela, por la responsabilidad del Estado en el caso del dirigente opositor, Fernando Alberto Albán Salazar (quien falleció el 8 de octubre de 2018), las agresiones a su familia y la impunidad de los hechos.
La Cidh solicitó a la Corte IDH que declare la responsabilidad internacional del Estado y ordene, entre otras medidas: la reparación integral (material e inmaterial) mediante compensación económica y satisfacción; un programa de rehabilitación y atención psicológica y psicosocial para los familiares; una investigación seria y en plazo razonable que esclarezca los hechos, sancione a todos los responsables (incluida la cadena de mando) y garantice la participación de la defensa familiar.
También pide “dejar sin efecto los antecedentes judiciales, administrativos, penales o policiales contra Albán y su familia; prevenir, investigar y sancionar actos de hostigamiento contra la familia y su defensa”.
El caso se originó en una petición presentada ante la CIDH el 26 de abril de 2019. La Comisión Interamericana es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) encargado de promover y defender los derechos humanos en la región.