El gobierno de Daniel Ortega, ilegalizó a otras mil quinientas organizaciones no gubernamentales y traspasó sus bienes al Estado. La decisión fue justificada alegando supuestos incumplimientos en la presentación de informes financieros por parte de dichos entes.
Esta medida, totalmente sin precedentes por ser la primera vez que se ilegalizan más de mil ONG en un solo acto, se da a tan solo tres días de que el ejecutivo anunciara que reformará el funcionamiento de estas organizaciones y, que para poder ejecutar sus proyectos en el país tendrán ahora que formar "alianzas" con instituciones del Estado.
Con el cierre de estas mil 500 ONG serían más de 5 mil 200 las organizaciones de este tipo que han sido disueltas tras las protestas populares que estallaron en abril de 2018 en país centroamericano. Se conoció que la mayoría de organizaciones afectadas pertenecen al gremio religioso.
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